Islandia incrementa su caza comercial de ballenas
La crisis económica que aletea por todos los rincones del planeta ha derrocado al gobierno de Islandia; el descontento de la población conjugado con las discrepancias entre los partidos que integran la coalición que gobierna la isla, derivó en la dimisión del primer ministro Geir Haarde.
Por desgracia, la magnitud del acontecimiento puede dejar en las penumbras una de las últimas acciones del gobierno: incrementar exponencialmente el permiso para cazar ballenas.
A pesar que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decretara en 1986 una moratoria para la caza comercial de ballenas, Islandia continuó con esta práctica a través de un âagujero legalâ: las capturas eran de carácter cientÃfico. Japón también se valió de este artilugio para continuar con las matanzas, mientras Noruega jamás interrumpió la caza comercial.
Pero en octubre 2006 el gobierno islandés declaró que reiniciaba la caza comercial de estos mamÃferos; a partir de esa fecha, los permisos se incrementaron año tras año: a los ejemplares que el paÃs capturaba con fines âcientÃficosâ (30 ballenas rorcual aliblanco y 9 rorcual común) se sumaron 39 aliblancas el primer año y 40 el segundo.
Sin embargo, la comunidad internacional permanece en estado de asombro ante los permisos otorgados por el gobierno de la isla del Ãrtico para capturar ballenas en los próximos 5 años: 150 rorcual común y 100 rorcual aliblanco.
Si bien el saliente gobierno basó su decisión en los estudios del Instituto de Investigaciones Marinas de Islandia, las organizaciones ecologistas discrepan profundamente con las proyecciones del estudio: el impacto ecológico de esta medida es catastrófico, ya que se trata de âun gesto polÃtico sin sentidoâ.
Por otro lado, las organizaciones resaltan que al provenir la carne de especies en peligro de extinción no va a ser consumida por los islandeses, sino que su destino será la exportación; sin embargo, Japón, el mayor consumidor, posee cuantiosas toneladas de carne congelada en sus despensas.
Las voces claman para que el gobierno interino derogue los nuevos permisos y dirija sus esfuerzos a implementar soluciones sustentables.
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