¿Nuclear o antinuclear?, el retorno de la disyuntiva al seno de la sociedad sueca
La energía nuclear continúa suscribiendo adeptos dentro de la Unión Europea; el último interesado en renovar sus reactores es el gobierno sueco, dirigido por los conservadores, quien anunció recientemente su intención de abolir una ley promulgada hace treinta años para desmantelar sus plantas nucleares antes del 2010.
En el contexto de la presentación de las medidas energéticas para mitigar los efectos del cambio climático, programa que impulsa intensamente el desarrolló de las energías renovables, las autoridades suecas enunciaron las ventajas de la energía nuclear para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Según afirmó un portavoz del gobierno, “para reducir las emisiones de CO2 estamos abiertos a renovar nuestros diez reactores nucleares”, lo cual implicaría derogar la “Nuclear Phase-Out Act”, ley que decretó el cierre progresivo de las centrales nucleares del país hace treinta años.
Pionera en la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes energéticas más seguras, Suecia inició el desmantelamiento de su infraestructura nuclear luego de que en 1980 un referéndum señaló el sendero a seguir (el accidente ocurrido en Harrisburgh, Pensilvania, fue decisivo en la negativa al uso de la energía nuclear pronunciada por la sociedad sueca).
La legislación adoptada no sólo obligaba a cerrar los reactores cuando se completara su ciclo vital, sino que también impedía la construcción de nuevas plantas: en 1999 se clausuró Barsebäck-1 y dos años después la segunda unidad de esa planta; al mismo tiempo, las autoridades suprimían el límite de 2010 para el resto de las centrales, las cuales dejarán de funcionar cuando finalice su ciclo útil.
Sin embargo, el gobierno pretende la renovación de los diez reactores que permanecen activos en Suecia; el esfuerzo debe partir de los actores privados, puesto que las autoridades no destinarán los fondos públicos para la renovación de las centrales. De todas formas, puede que el pronunciamiento se transforme en una mera declaración de interés, debido a la dificultad para modificar la legislación en vísperas de elecciones.
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