Brasil: Ambientalistas y ministerio de de Medio Ambiente Vs. bancada rural en el Congreso. II
Para los ambientalistas brasileros, la presión del agronegocio y su influencia en la búsqueda de una reforma para el código forestal, que reduciría de 80% a 50% el área que los propietarios rurales están obligados a mantener intacta en la Amazonia, representa en delicado peligro.
Las reformas de los ruralistas han llegado hasta las recientes medidas aprobadas en Diputados y ahora en el Senado: La autorización para pavimentar carreteras sin licencia ambiental; la regularización de tierras incentivada por el Gobierno (que entregará títulos de propiedad a cerca de medio millón de personas que ocuparon terrenos públicos en la región, inclusive empresas y quienes deforestaron ilegalmente), y todas aquellas que vengan en un futuro como medidas próximas y similares, afectarán sin vuelta a tras a la Amazonia.
El diputado Asdrúbal Bentes, oficialista, declaró a la angecia AFP que hacer compatibles los intereses de los ambientalistas con los de los ruralistas, es una tarea ¨casi imposible hacer¨.
Los ambientalistas, molestos, denuncian que tras toda la movilización de intereses, se oculta un millonario programa de imponentes obras de infraestructura, que va desde el levantamiento de carreteras y centrales hidroeléctricas en la Amazonia, hasta iniciativas para la definición de zonas para agricultura y pastoreo del Ministerio de Agricultura.
Y reclaman que se le preste atención al hecho de que gracias a que la deforestación amazónica ascendió a casi 12.000 km2 este pasado año, Brasil se sitúa ahora como el cuarto mayor emisor de gases con efecto invernadero a nivel mundial.
25 millones de personas son habitantes de la selva, que hoy se ve abrumada y en peligro a causa del remunerador avance de la soja, la pecuaria, la madera y la minería ilegal.
Curiosamente, Brasil ha asumido de forma reciente metas de deforestación y también lanzado un millonario fondo con el que espera atraer inversión internacional para proteger la región. Hace tan solo dos años que el gobierno fortaleció las penas y el rigor de su aplicación para los deforestadotes. Para los ambientalistas ello fue lo que despertó la ofensiva del sector ruralista, ya que según afirma Minc: “hasta entonces, como nadie cumplía (la ley ambiental), no les importaba mucho”.
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